Recientes denuncias efectuadas por cuatro arqueologos bolivianos sobre deficiencias e irregularidades acontecidas en el proyecto de excavación de la Piramide de Akapana a cargo de la Unidad Nacional de Arqueología del Viceministerio 
de Cultura, han desnudado la precariedad administrativa y técnica de la única institución estatal, cuya principal función es la generación de políticas sobre el patrimonio arqueológico, su protección, conservación e inventariación. Lamentablemente la UNAR, desde hace algunos años, esta dedicada a intervenir directamente en la actividad arqueológica sin contar con los medios administrativos ni tecnicos necesarios, lo cual no solo afecta la salud del patrimonio arqueológico sino que violenta la institucionalidad del Viceministerio de Cultura y de la propia UNAR, convirtiendose en juez y parte de la practica arqueológica en la que esta llamada a ser su mas celoso vigilante.
de Cultura, han desnudado la precariedad administrativa y técnica de la única institución estatal, cuya principal función es la generación de políticas sobre el patrimonio arqueológico, su protección, conservación e inventariación. Lamentablemente la UNAR, desde hace algunos años, esta dedicada a intervenir directamente en la actividad arqueológica sin contar con los medios administrativos ni tecnicos necesarios, lo cual no solo afecta la salud del patrimonio arqueológico sino que violenta la institucionalidad del Viceministerio de Cultura y de la propia UNAR, convirtiendose en juez y parte de la practica arqueológica en la que esta llamada a ser su mas celoso vigilante. La actual Dirección de esta unidad no ha sido capaz de reflexionar ni ser autocritico sobre estos hechos, por el contrario a reaccionado de manera agresiva y visceral sobre las criticas vertidas en torno al trabajo desarrollado en Akapana, desinformando a las autoridades de las comunidades de Tiwanaku e induciendolas a reaccionar en contra de los autores.
El hecho va aun mucho mas allá, pues desde su posición en la UNAR ha desatado una caceria de brujas sobre todos los miembros de la Sociedad de Arqueología de La Paz (SALP) y en particular sobre los arqueologos que emitieron las críticas, amenazando con obstaculizar o bloquear su labor profesional en arqueologia, principalmente en proyectos nacionales o internacionales en los que anualmente participan.
Uno de los primeros afectados ha sido el arqueologo José Luis Paz, quien fue agredido verbalmente y amenazado por Javier Escalante en las oficinas de la propia UNAR, en circunstancias en la que pretendia solicitar un permiso de investigaciones para un proyecto que lleva adelante en colaboración con un investigador japones. Paz ha solicitado explicaciones por escrito a las autoridades del Viceministerio de Cultura, pero hasta la fecha no existe una respuesta satisfactoria. Todo parece indicar que este tipo de actitudes prepotentes y abusivas pueden repetirse, de no haber sanciones para el actual Director de la UNAR, quien parece confundir esta institución estatal con su hacienda o feudo personal, ignorando que es un servidor publico pagado por los impuestos de todos los ciudadanos, y que su puesto al ser público esta sometido a observaciones y criticas de la sociedad civil y mucho más de las instituciones y profesionales que operan dentro del ámbito de la arqueología.
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